El pasado 7 de agosto, una jueza condenó a Ripple, la empresa especializada en soluciones de pago globales, a una multa de 125 millones de dólares estadounidenses. Quedan lejos los 2.000 millones que la SEC exigía de sanción. Detrás de esta larga disputa judicial, que tiene su origen en la demanda que la SEC presenta contra Ripple en diciembre de 2020, se encuentra la definición de qué es un valor y qué es una moneda digital. De hecho, el argumento principal de la SEC en su demanda era que Ripple estaba vendiendo valores no registrados a través de su token XRP.

Ripple y la SEC

Más allá de tan trascendente decisión para la definición y regulación de las criptomonedas, se encuentra la oscura actuación de la propia SEC. En especial, con respecto a los denominados documentos Hinman.

En octubre de 2022, Ripple pudo acceder a los documentos Hinman. Aun cuando Ripple había obtenido judicialmente tal acceso ya en enero de ese año, la SEC, consciente del valor que tenían en su conflicto con Ripple, se resistió a tal acceso. En ellos, se constataba que el exdirector de la SEC, Willian Hinman, había manifestado en una charla en 2018 que Bitcoin y Ethereum estaban descentralizados.

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Por lo tanto, quedaban fuera de la regulación de la Ley de Valores de Estados Unidos. Manifestaciones que parecen volar sobre la sentencia publicada hace unos días, ya que uno de los principales argumentos de la contraofensiva judicial de Ripple, contra la SEC, es precisamente por qué esa declaración en favor de únicamente dos criptomonedas, dejando fuera a otras, como la propia cripto de Ripple, XRP.

La SEC puede recurrir la sentencia

Si esos dos tokens son considerados monedas digitales, debido a su descentralización, los demás tokens que reúnan las condiciones de venta descentralizada han de ser considerados de la misma manera. Era el argumento de Ripple. Así, esos 125 millones de sanción se establecen por la venta de XRP a inversores institucionales, lo que, entonces, supone cierta centralización.

A través de sus distintos ejecutivos, Ripple denunció las tácticas de obstrucción al acceso a tales documentos. Parece poco presentable esa resistencia, tan poco transparente, siendo una de las instituciones más relevantes en el sistema económico de un país. Su CEO, Brad Garlinghouse, calificó el comportamiento de la SEC de vergonzoso, acusándola de seguir exclusivamente intereses políticos. Ahora, tiene la SEC la oportunidad de recurrir la sentencia y prolongar la situación. Aunque la sentencia en sí misma supone un importante varapalo para la institución.