«La intervención del gobierno nunca añade nada a la riqueza de la sociedad; por el contrario, siempre la reduce.»

Ludwig von Mises

Puede que no nos guste Ripple. Pero nos gusta menos el intervencionismo del Estado. Y ocasiones como esta son propicias para recordar los males de la intervención extralimitada del Estado en la economía.

Sabemos por la escuela austríaca de economía que el precio de un bien expresa la conjunción de los deseos y voluntades de los individuos. Pero también sabemos por ellos que la intervención del Estado siempre distorsiona la manifestación natural de los deseos.

Es el caso con Ripple, pues la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) distorsionó fuertemente la realidad del mercado. Lo vemos en las siguientes imágenes. Este era XRP un día antes de la demanda de la SEC:

El 21 de diciembre de 2020, bitcoin recientemente había roto su máximo histórico de 2017, pasando los USD 20.000 e iniciando la corrida alcista que lo llevaría a los USD 69.000, casi un año después. En este movimiento, XRP, tercera criptomoneda con mayor capitalización del mercado, acompañaba a BTC en su subida semanal, teniendo un 10% de incremento.

Inmediatamente, tras ser demandada por la SEC, el precio de XRP cae 33% y baja al cuarto lugar. Para mayo de 2024, XRP habría descendido incluso al octavo lugar del top de criptomonedas.

Siendo Ripple un proyecto que busca perpetuar el sistema fíat, desarrollando productos especialmente enfocados para bancos y gobiernos, es natural que una persecución regulatoria afecte su cotización. Se trata de una empresa orientada a actores institucionales, para quienes la reputación y el cumplimiento normativo son de una importancia innegociable.

Ahora, justamente después de que Gary Gensler anunciara su dimisión del cargo de presidente de la SEC, el pasado 21 de noviembre, Ripple ha iniciado un rally alcista que lo ha vuelto a colocar en el lugar en el que estaba antes de que fueran demandados.

A pesar de que el proceso de demanda contra Ripple fue iniciado por el predecesor de Gensler en la SEC, Jay Clayton —durante la primera presidencia de Donald Trump—, no es secreto para nadie que la administración de Biden y de Gensler fue especialmente persecutoria contra la industria de criptomonedas. No por nada la operación para frenar el avance del ecosistema se llamó Chokepoint 2.0, punto de estrangulamiento.

Si bien esta operación estaba enfocada en censurar el acceso a servicios financieros en Estados Unidos a empresas y personas vinculadas a la industria de criptomonedas (discriminación de la cual fue víctima el propio CEO de Ripple, Brad Garlinghouse), es una muestra más de cómo la administración Biden, de la cual era adepto Gensler, levantó sus armas para frenar el avance de la industria, manipulando el mercado de forma encubierta mediante regulaciones encubiertas y regulación por aplicación.

Sobre la regulación indirecta, el mismo CTO de Ripple, David Schwartz, explica que:

“Es un mal despreciable que se utiliza como una maniobra evasiva del debido proceso y debería ser descartado en el basurero de la historia. La regulación indirecta es cuando el gobierno hace responsable a una parte de las acciones criminales de otra parte a pesar de no tener conocimiento real ni ceguera voluntaria ante los hechos que hacen que la acción sea criminal.”

David Schwartz, CTO de Ripple.

En efecto, como reveló el director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, durante el gobierno de Joe Biden la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) -agencia que asegura los depósitos bancarios- aconsejaba a los bancos mantenerse alejados de los servicios relacionados con las criptomonedas.

De esta manera, los reguladores evitaban pasar por todos los inconvenientes de un juicio, en el que incluso tienen que demostrar ante tribunales, jurados y testigos el mal hecho por los acusados, e iban directo a la sanción, sin hacerse responsables de sus acusaciones.

Aunque la demanda de la SEC contra Ripple y contra otras empresas del ecosistema como Coinbase, Kraken y Binance sí transcurre por los cánones jurídicos normados, esta persecución reafirma la hostilidad de la administración hacia la industria y su objetivo de desacreditarla y manchar su reputación ante la opinión pública.

En su página web, la SEC presume de proteger a los inversores de la mala conducta y de promover la equidad y la eficiencia en el mercado de valores.

Resulta cuanto menos irónico que ahora que se espera que se levanten las barreras intervencionistas y manipuladoras de la SEC, los inversionistas que supuestamente estaban siendo protegidos de Ripple, vuelvan en bandada a posicionar sus inversiones en la criptomoneda XRP. Esto demuestra que la razón por la que había salido capital de XRP se debía a la persecución y descrédito promovido por la SEC, no porque se sintieran víctimas de una presunta conducta ilegal por parte de Ripple.

En la filosofía bitcoiner (así como en la economía austriaca) el Estado y el mercado son dos entidades independientes, como la iglesia y el Estado. La extralimitada intervención del Estado en el mercado termina por causar distorsiones en las que el capital se aleja artificialmente del verdadero deseo de los individuos y de donde sería más eficiente.

El Estado debe apuntar a crear las normas sociales básicas, con miras al mejoramiento y la permanencia de la especie humana, así como a la resolución de conflictos y disputas entre particulares, pero no debe intervenir donde no se le ha llamado.

El mercado debe servir libremente a la sociedad para mover el valor del lugar donde abunda al que se necesita, y facilitar la prosperidad de toda la civilización. Con Bitcoin, que gane el libre mercado es inevitable. Ir en contra es muy costoso. Mientras más rápido lo entendamos, mejor nos irá.

El próximo deadline en el caso de Ripple contra la SEC es el 15 de enero de 2025, cuando la SEC debe presentar sus argumentos finales ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Pero independientemente del desenlace de ese día, los movimientos del precio de XRP ya son prueba suficiente de cómo la SEC lejos de hacer que los mercados funcionen mejor y de proteger a los inversionistas, terminó manipulándolo.